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Informe de Human Rights Watch sistematiza la persecución religiosa en Nicaragua

Human Rights Watch una organización que ha documentado y denunciado las violaciones a derechos humanos por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo dijo en su reciente informe que   en Nicaragua se usa la aplicación de “leyes abusivas” para reprimir a todos los sectores de la sociedad.

“La lenta destrucción de estos pesos y contrapesos vitales puede tener consecuencias alarmantes para los derechos humanos y el Estado de derecho”, advierte el organismo.  

La dictadura Ortega-Murillo “continúa reprimiendo a todos los sectores de la sociedad y ha profundizado el aislamiento internacional de Nicaragua”, insisten.  

En Nicaragua hay al menos 119 presos políticos, la mayoría estaban acusados de “menoscabar la integridad nacional” y “propagar noticias falsas”. 

En el informe recuerdan el despojo arbitrariamente a 317 personas de su nacionalidad, incluyendo 222 expresos políticos desterrados a Estados Unidos. Las autoridades eliminaron las partidas de nacimiento del registro civil y los expedientes académicos de algunos opositores, restringiendo su derecho a acceder a información personal.  

Human Rights Watch denunció además la sistemática persecución religiosa en el país ya que desde agosto de 2022, la Policía Orteguista detuvo al obispo Rolando Álvarez y lo acusó de “menoscabar la integridad nacional” y “propagar noticias falsas”. En febrero, Álvarez se negó a ser expulsado del país y un juez lo condenó a 26 años de prisión.  

En mayo, la Policía anunció que las autoridades estaban investigando a la Iglesia católica por presunto lavado de dinero y que habían congelado las cuentas bancarias de varias diócesis. 

En agosto, las autoridades clausuraron la Universidad Centroamericana (UCA), de origen jesuita, y confiscaron sus bienes, interrumpiendo la educación de miles de estudiantes. Este cierre elevó a 28 el número de universidades clausuradas en el país desde diciembre de 2021. 

También critican que a la fecha ningún policía ha sido procesado por los más de 300 asesinatos de manifestantes durante las protestas de 2018, lo que hace que impere la impunidad.  

 Human Rights Watch criticó que las crisis globales de derechos se intensifican ante la tibieza de los líderes mundiales por lo que instó a una diplomacia basada en principios es fundamental para sostener el marco de derechos humanos.

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