Varias docenas de personas llegaron al parque frente a la Catedral Metropolitana en el centro de la capital costarricense para protestar el pasado 06 de enero, con banderas de Nicaragua y de El Vaticano, por la encarcelación de al menos 14 sacerdotes y tres seminaristas desde Navidad.
La relación entre la Iglesia y el gobierno se deterioró después de que Ortega y la vicepresidenta y esposa del mandatario, Rosario Murillo, acusaron a los religiosos de apoyar las protestas antigubernamentales de 2018, que consideraron un intento de golpe de Estado promovido por Washington y que se saldaron, según la ONU, con más de 300 muertos y miles de exiliados.
«Ortega le tiene miedo a la crítica, al ser pensante, a aquel que quiere a la democracia. La Iglesia ha estado muy a la par del pueblo y de la justicia. Ese es el temor de Ortega y Rosario Murillo», comentó a la AFP José Espinoza, director de la asociación AVODISCR por los derechos del colectivo LGBTI en Nicaragua.
Junto al joven, de 24 años, otros nicaragüenses participaron en la manifestación, donde se mencionaron los nombres de los clérigos encarcelados, las fechas de sus detenciones y se pidió su libertad.
El padre dominico Rafael Aragón, tras negársele hace dos años la entrada a Nicaragua, explicó a la AFP que la figura de un clérigo en ese país es vital en la orientación «de la vida social, de la ética, de la moral y de la espiritualidad» de un pueblo fuertemente religioso.
«Esa es la base que Rosario (Murillo) quiere dominar. Ella desde un planteamiento esotérico y una visión sincretista de la religión, quiere terminar con el liderazgo de los sacerdotes, de los obispos y del cardenal para ella liderar la cultura religiosa del pueblo de Nicaragua», dijo el párroco de 73 años, 45 de ellos vividos en Nicaragua.
Las críticas desde Costa Rica vinieron precedidas de las emitidas por el papa Francisco desde El Vaticano el pasado lunes, cuando advirtió de su «preocupación» tras el tradicional rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro el 1 de enero.
Sigo «con profunda preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de su libertad», expresó el pontífice.
En San José, la representante de la Unión de Presos Políticos Nicaragüenses, Yaritza Mairena, afirmó a la AFP que el gobierno de Ortega «no tiene la intención de dejar que la Iglesia pueda servir como un ente unificador», «de organización» o de denuncia.
«La Iglesia ha sido defensora de la justicia y ha denunciado las grandes violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Nicaragua», comentó, y agregó que el gobierno nicaragüense «va a seguir persiguiendo a la Iglesia por el simple hecho de estar del lado de la justicia».