La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas en favor del profesor y excatedrático Freddy Antonio Quezada y de Abdul Montoya Vivas, presos políticos de la dictadura en Nicaragua por encontrarse en una situación de “gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
El organismo de derechos humanos señala que ambos presos políticos se encuentran privados de su libertad sin recibir atención médica a pesar de que padecen enfermedades crónicas. En ninguno de los dos casos el Estado de Nicaragua ha brindado información al respecto.
El preso político Freddy Antonio Quezada fue detenido el pasado 29 de noviembre del 2023 cuando un grupo de unas diez personas, ocho de ellas con uniforme de la Policía Orteguista, se presentaron a la vivienda y sin una orden judicial se lo llevaron detenido.
Los uniformados revisaron sus dispositivos electrónicos y su habitación. Luego de no haberse encontrado nada y sin establecer en concreto qué era lo que se buscaba, Quezada fue llevado detenido. En un primer momento el excatedrático fue llevado al Distrito III de la Policía, pero posteriormente trasladado al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo.
Mientras que Abdul Montoya Vivas de 64 años fue detenido el 3 de abril del 2023, cuando iba a la ciudad de Jinotega para comprar medicinas, pero el acta de detención indica que fue “capturado en su domicilio en flagrancia”.
El seis de abril del 2023 fue acusado por el Ministerio Público del supuesto delito de tenencia ilegal de armas y puesto a la orden del juez de Jinotega, pero dos días después fue trasladado a Managua al Distrito III de la Policía, donde fue sometido al menos a 22 interrogatorios a cualquier hora de la noche.
Montoya estuvo en una celda aislada y sin luz, sin acceso al agua potable y no recibía la comida que le llevaban sus familiares. El nueve de junio fue trasladado a La Modelo a la galería 16, junto a otros presos políticos.
En septiembre del 2023, fue condenado a 23 años de cárcel por la supuesta comisión de los delitos de “terrorismo”, “traición a la patria” y “propagación de noticias falsas”.
Las resoluciones de la CIDH solicitan al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad y la salud de ambos beneficiarios.
También piden que se adopten las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales.
También que se garantice acceso a atención médica adecuada y especializada, y se realice inmediatamente una valoración médica especializada sobre su situación de salud.