La Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE), junto a la RedProdepaz-Nicaragua, expresaron su rechazo al informe presentado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo durante la cuarta evaluación del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas.
Las organizaciones denunciaron que el reporte carece de transparencia, objetividad y veracidad, omitiendo la consulta a la sociedad civil y no cumpliendo con las 259 recomendaciones formuladas por el Mecanismo de Evaluación de Derechos Humanos de la ONU.
“La Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE) en conjunto con las organizaciones que conforman la RedProdepaz Nicaragua rechazan la validez del reporte presentado por el Estado de Nicaragua en el contexto de la cuarta evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), señalando que no refleja transparencia, objetividad, veracidad y la consulta de la sociedad civil”, reza el comunicado.
Según el pronunciamiento, el régimen nicaragüense solo aceptó 135 de las recomendaciones, alegando que las demás no eran “reales”. Este rechazo se contradice con los informes de entidades internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que han documentado violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país.
Situación de Derechos Humanos
Las organizaciones resaltaron seis áreas críticas en las que los derechos humanos han sido severamente vulnerados en Nicaragua:
1. Derecho a la salud: El modelo de salud implementado por el Ministerio de Salud (MINSA) ha sido criticado por su politización y la represión laboral de los trabajadores de la salud, resultando en una notable disminución de la calidad del servicio.
2. Derecho a la educación: Desde las protestas de 2018, el régimen ha intervenido en las universidades, cerrando al menos 27 instituciones y controlando el contenido académico, lo que ha generado un ambiente de censura y adoctrinamiento.
3. Derecho a la propiedad de los pueblos indígenas: Las comunidades indígenas, especialmente en la Costa Caribe, enfrentan invasiones y despojos violentos de sus tierras, con complicidad de autoridades locales y la militarización del territorio.
4. Derecho a la seguridad y justicia: El sistema judicial está cooptado por el régimen, lo que resulta en violaciones al debido proceso y un ambiente de impunidad que agrava la represión política.
5. Derecho a la libertad de expresión: La aprobación de leyes restrictivas ha permitido la clausura de medios independientes y la persecución de periodistas y activistas, generando un clima de autocensura.
6. Derecho a elegir y ser elegidos: Las elecciones han sido despojadas de su credibilidad, con la cancelación de la personería jurídica de partidos opositores y la expulsión de opositores políticos.
“Desde la represión política, el cierre del espacio cívico y las limitaciones al acceso a la justicia, hasta la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), las libertades académicas, la libertad de expresión, y los derechos de los pueblos indígenas, el país ha experimentado un retroceso significativo en el respeto de los derechos fundamentales”, apuntaron las organizaciones.
Llamado a la comunidad internacional
Ante esta grave situación, RIDHE y RedProdepaz-Nicaragua hacen un llamado urgente a la comunidad internacional para que, en el marco del cuarto ciclo del EPU, se emitan recomendaciones claras que obliguen al Estado nicaragüense a respetar los derechos humanos, garantizar el acceso a la justicia y restablecer las libertades fundamentales “incluyendo la libertad religiosa, académica, de expresión, de asociación, y el respeto a los derechos de las mujeres en consonancia con la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”.
Las organizaciones destacan que solo mediante una respuesta coordinada y firme se podrá poner fin a la impunidad y avanzar hacia la protección de los derechos humanos en Nicaragua.