La organización ambientalista nicaragüense Fundación del Río lanzó una campaña para la «liberación inmediata» de ocho guardabosques indígenas mayagnas en Nicaragua, que fueron criminalizados y condenados por el régimen orteguista por supuestos delitos de crimen organizado, entre otros.
En conmemoración del Día Mundial de los Guardas Forestales, la Fundación del Río inició la campaña permanente titulada ‘Voces del Bosque: Justicia y liberación para los guardabosques indígenas mayagnas’, con el objetivo de exigir justicia y la liberación de ocho guardabosques del territorio Mayagna Sauni As en la Región Autónoma del Caribe Norte.
En enero de 2023, el Ministerio Público de Nicaragua acusó a un grupo de 24 personas -identificados por la Fundación del Río como guardabosques comunitarios- de invadir territorios indígenas y atacar a sus pobladores en el Caribe norte, por los delitos de crimen organizado, usurpación de dominio público o comunal y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.
El presidente de la Fundación del Río, el nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, dijo que ocho de esos guardabosques fueron condenados a 25 años o cadena perpetua por la Justicia de Nicaragua, la que, aseguró, responde a Ortega.
«Las detenciones y los juicios estuvieron marcados por irregularidades y acusaciones fabricadas, lo que demuestra una clara manipulación del proceso judicial y la criminalización por parte del régimen de Daniel Ortega a los defensores de la tierra», señaló Ruiz, también defensor de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas y afrodescendientes de su país.
Para el ambientalista, esa criminalización es «una forma de fomentar la impunidad debido a los ataques sistemáticos que sufren los pueblos indígenas en la violación a sus derechos humanos» en Nicaragua.
Los guardabosques condenados estaban a cargo de monitorear y denunciar la invasión de «colonos» en territorios indígenas, así como la venta y arriendo ilegal de tierras, la corrupción de las autoridades y las concesiones mineras que amenazan sus territorios, de acuerdo con la Fundación del Río, que fue ilegalizada por las autoridades de Nicaragua y ahora tiene su sede en San José.