“Si entran en Rafah, dejaremos de suministrar armas a Israel”, decía el presidente demócrata Joe Biden frente a la periodista Erin Burnett de la CNN el pasado 8 de mayo. En la entrevista, el presidente estadounidense admitía la responsabilidad de su país en la masacre de más de 35.000 palestinos en apenas siete meses. Ante la pregunta de Burnett, confirmaba que el ejército de Israel estaba utilizando bombas de más de 900 kg suministradas por EE UU contra objetivos civiles. Según el presidente, este suministro, clave para mantener el esfuerzo bélico de Tel Aviv, se cortaría si se hacen realidad los planes anunciados por Benjamin Netanyahu de continuar con una invasión total del último refugio palestino, donde se hacinan más de 1,5 millones de personas.
Ese mismo día, EE UU detenía un envío de 1.800 bombas de unos 900 kg y 1.700 bombas de 225 kg aproximadamente preocupados por el “impacto que podrían tener en entornos urbanos densos, como hemos visto en otras partes de Gaza”, decía un funcionario del Gobierno a la CNN.
El ultimátum de Biden, que vino precedido de numerosas advertencias a Israel que desistiera de replicar los ataques indiscriminados contra Rafah, ha recibido críticas desde el partidos republicano y también desde ciertos sectores demócratas. El senador republicano Rick Scott de Florida declaró que Biden estaba enviando “un mensaje horrible para Israel”, mientras que el senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, lo calificó como “la peor decisión en la historia de la relación entre Estados Unidos e Israel”.
Dentro de las filas de su propio partido, 26 diputados demócratas enviaron el pasado viernes una carta al presidente afirmando que estaban “profundamente preocupados por el mensaje que la administración envía a Hamas y otros representantes terroristas respaldados por Irán al retener los envíos de armas a Israel”. Otros miembros del partido de Biden destacaron que el armamento suspendido solo se puede utilizar para ataques indiscriminados en una área tan densamente poblada como Rafah.
El propio secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, acusó a Israel de no estar aplicando “de manera consistente y efectiva” sus “procesos, procedimientos, reglas y regulaciones para tratar de minimizar el daño civil”. El pasado 10 de mayo el Gobierno de EE UU admitía en un informe que es “razonable evaluar” que el ejército israelí ha utilizado armas estadounidenses de forma “inconsistente” con el derecho internacional humanitario.
Aunque el Departamento de Estado, autor del informe, afirma no poseer pruebas concluyentes por la falta de personal sobre el terreno, asume que “la importante dependencia” de Israel del armamento estadounidense hace “razonable” que se hayan utilizado “en casos incompatibles” con las normas internacionales de los derechos humanos y sin poner en funcionamiento “las mejores prácticas para mitigar daños civiles”. El informe, sin embargo, no exige al Gobierno israelí ninguna medida.
El ministro de Defensa, Yoav Gallant, advirtió a “enemigos y mejores amigos”, en un abierta contestación a Washington, que Israel “logrará sus objetivos en el norte y en el sur” de la Franja y que continuará con la ofensiva contra Rafah hasta acabar con Hamás y conseguir la liberación de todos los rehenes “cueste lo que cueste”.
Mientras los combates han vuelto al campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, y continúan las operación limitadas sobre Rafah, el frente jurídico internacional contra el genocidio israelí ha experimentado un nuevo impulso después de que Egipto anunciara que se suma a la denuncia impulsada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Lo anunció este domingo en un comunicado el Ministerio de Exteriores egipcio a la vez que instaba al Consejo de Seguridad de la ONU y los principales actores internacionales que actúen de inmediato para lograr un alto en fuego y detener la ofensiva sobre Rafah.