Nicaragua canceló este jueves la personalidad jurídica de 13 oenegés, entre ellas la Asociación de Líneas Aéreas, y anunció el cierre de otras dos que pidieron su «disolución voluntaria», según dos decisiones publicadas en el diario oficial, .
Trece organizaciones, entre ellas la de aerolíneas y cuatro entidades evangélicas, fueron canceladas por «incumplimiento» en sus reportes de finanzas y sus bienes pasarán al Estado, en conformidad con la legislación que las regula, indicó el Ministerio del Interior en La Gaceta.
Ellas «no reportaron por periodos de entre 03 hasta 29 años sus Estados Financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final) y Juntas Directivas», agregó.
Por tanto, quedaron «en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las Leyes que los regulan, y obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro», dijo la publicación.
Nicaragua endureció las leyes sobre asociaciones civiles tras las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en 2018, que en tres meses de bloqueos de rutas y choques entre opositores y oficialistas dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
Otras oenegés canceladas este jueves son la Asociación Nicaragüense de Taekwon-Do, la Asociación de Pesca Deportiva de Nicaragua, la Asociación Nicaragüense de Agrupaciones Musicales y Solistas y cuatro entidades evangélicas.
De las 15 oenegés canceladas, dos pidieron su «disolución voluntaria»: la Fundación Cristiana Cuenta Conmigo (evangélica) y Heifer Proyecto International, con sede central en Arkansas (Estados Unidos), que promovía el desarrollo comunitario para erradicar la pobreza y el hambre, según otra decisión publicada en La Gaceta.
Ambas asociaciones pidieron la disolución porque concluyeron «su cartera de proyectos a ejecutar», indicó.
La clausura de estas asociaciones ocurre en un marco legal endurecido para las oenegés en Nicaragua, donde el gobierno de Ortega ha cerrado unas 3.600 desde 2018.