Hoy es el día, después de casi cuatro años de conversaciones sobre una nueva política migratoria comunitaria, en la tarde de este 10 de abril se votará en el Parlamento Europeo el Pacto de Migración y Asilo, después de que el pasado diciembre se cerraran los últimos acuerdos políticos, bajo el auspicio de la presidencia de turno española del Consejo Europeo. La sesión, en la que deberán votarse diez proyectos de ley que actualizan normativas relativas a la protección internacional y las personas extranjeras en movimiento, comenzará a las 15 durante la jornada.
Las denuncias de la sociedad civil no han cesado desde que se empezara a hablar por primera vez de un pacto que desde sus inicios levantaba las alarmas: el énfasis en la securitización de las fronteras, la externalización, o la detención las personas migrantes y solicitantes de asilo han generado preocupación entre los colectivos migrantes, que hoy ven como la propuesta original de la Comisión Europea mantiene su dureza a pesar de las negociaciones posteriores respecto a su contenido, en una Europa en la que las premisas de la extrema derecha impregnan la mirada sobre las políticas migratorias.
A nivel europeo, hasta 161 organizaciones de la sociedad civil publicaban ayer un comunicado conjunto para instar a los eurodiputados a frenar el Pacto en la votación que tendrá lugar durante esta jornada. Las organizaciones recuerdan como en los últimos meses “entidades prominentes como Oxfam o Amnesty Internacional han alertado de que el pacto encierra vulneraciones de los derechos humanos y un enfoque punitivo, convirtiéndolo en un gran salto en la dirección equivocada”.
Y es que, según subrayan en el comunicado, el acuerdo político alcanzado en diciembre y que llega hoy a la eurocámara constituye “una continuación de una década de políticas que ha llevado a la proliferación de vulneraciones de derechos en Europa”. Ya en diciembre 50 organizaciones alertaban de que tal como estaba redactado el Pacto acaba con el derecho de asilo, mientras que avala abusos como la perfilación racial, las detenciones de facto o los rechazos en frontera.
Ante la inminente votación del Pacto, Marta Gionco, integrante de PICUM —una de las organizaciones promotoras— ha advertido que este nuevo marco “llevará a más detenciones y a detenciones de facto en las fronteras exteriores de la UE, incluyendo a familias con hijos, que es una clara violación del derecho internacional”.
Las organizaciones enumeran así en su comunicado las principales características del sistema que podría aprobarse durante la jornada: A la detención de facto sin excepciones para las familias con niños y niñas de cualquier edad, se suma la aceleración y homogeneización de las resoluciones de asilo, frente a procesos individualizados y más cuidadosos, o el énfasis en los procesos de retorno.
Pero no las únicas, el comunicado continúa: “La gran mayoría de solicitantes de asilo acabará en procedimientos de frontera y, a través de la ficción de no entrada, se considerará que no han entrado en territorio europeo lo que reduciría las salvaguardias y aumentaría el riesgo de violaciones de los derechos humanos y de devoluciones en fronteras”. Un tratamiento que también será dispensado a menores no acompañados cuando el estado miembro considere que son una amenaza “contra la seguridad nacional o el orden público”. En el comunicado señalan la experiencia de las islas del mar Egeo, como ejemplo de que el confinamiento de un gran número de personas durante largos periodos de tiempo lleva tanto a condiciones inhumanas como a hacinamiento.
“La Unión Europea está apunto de aprobar su más letal conjunto de políticas migratorias en la historia”
Preocupa también la externalización a través de la figura del “tercer país seguro”, en virtud de la cual se denegará el asilo en Europa deportando a las personas a estos terceros países. Por último, el Pacto, denuncian en el comunicado, no plantea ninguna medida para afrontar la muerte de personas en su camino a Europa, siendo 2023 el año más mortífero desde 2015. En este sentido, Sarah Chander, cofundadora de Equinox Initiative for Racial Justice, otra de las entidades firmantes, afirmaba: “La Unión Europea está apunto de aprobar su más letal conjunto de políticas migratorias en la historia. En lugar de focalizarse en protección social y seguridad para todas, estas leyes implicarán la criminalización, más perfilamiento racial y cárceles, y más tecnología armamentística para la vigilancia de las fronteras”.
Respecto al control tecnológico, este se incrementa en cada fase de las solicitudes de asilo: dando espacio a una tecnología más intrusiva, al servicio del perseguimiento y la fiscalización de las personas migrantes y racializadas. Se habilita, denuncian, la recogida sistemática de datos que podrán ser consultados por la policía fronteriza de toda Europa. “En el pacto, EURODAC se transforma en el brazo tecnológico de la hostil política de asilo y fronteras de la UE. La reforma de la base de datos conducirá a más detenciones, deportaciones y elaboración de perfiles raciales, tratando a todos los migrantes, incluidos los niños, como sospechosos de delitos de facto”, explicaba Chloé Berthélémy, asesora política principal de EDRi.
El balance es muy negativo, pues además, consideran las organizaciones, el Pacto no soluciona ninguno de los problemas que se pretendían enfrentar: no se da apoyo a los países donde llegan más personas migrantes, perpetuándose el procedimiento de Dublín, en el que el primer país de entrada debe de hacerse responsable de las personas que piden asilo, tampoco establece ninguna fuerza civil de rescate marítimo. Las organizaciones también cuestionan que el dinero que aporten los países sin fronteras exteriores podrá ser destinado a la fortificación de las fronteras y la financiación de los campos de detención en los países de frontera.
Las organizaciones enuncian que, tras las aceleradas conversaciones del pasado diciembre, que supusieron el abandono de cualquier salvaguardia planteada por el Parlamento: “Nosotros, los abajo firmantes, pedimos a los eurodiputados que rechacen el Pacto en la votación plenaria. Crea un sistema por el que el derecho a solicitar asilo en la UE se ve gravemente amenazado y engendrará una proliferación de violaciones de los derechos humanos contra personas en toda Europa debido a su estatus migratorio”, concluyen.
Los firmantes del comunicado albergan esperanzas en una eventual división entre los europarlamentarios. A pesar de que la Comisión Europea ha presentado el Pacto como un éxito que resolvería cuestiones relativas a la “solidaridad” entre los estados miembros y la aplicación desigual de políticas de asilo en la Unión Europea, parece que no habría tal unanimidad entre los grupos políticos de la Eurocámara.
Los grupos mayoritarios —el Partido Popular Europeo, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y los liberales de Renovar Europa— habrían manifestado su preocupación ante la posibilidad del voto dividido respecto la regulación del procedimiento de asilo, y la regulación de la crisis, dos de los apartados que más alarma han despertado. Los colectivos señalan que, según algunas fuentes, se habría dado una reunión de emergencia entre estos grupos el pasado lunes.
Los firmantes del manifiesto lamentan la “hipocresía de legisladores comunitarios que predican antirracismo mientras criminalizan y abandonan las necesidades de protección de solicitantes de asilo negros”, denunciaba Emmanuel Achiri, integrante de la organización ENAR, quien señalaba la “vigilancia policial sobre poblaciones racializadas en el nombre del control migratorio”.
Concentraciones en España y en Bruselas
“El Pacto Europeo de Migración y Asilo tendrá catastróficas consecuencias para las vidas de millones de personas, familias, niños y niñas que huyen de persecuciones, guerras, expolio y genocidios”, explicaba el manifiesto La sociedad civil grita no al Pacto Europeo de Migración y Asilo. En torno a este manifiesto, que cuenta con más de 1000 adhesiones, se han convocado concentraciones en 30 territorios del estado español.
“Las comunidades afectadas, las organizaciones de la sociedad civil, colectivos y defensores de los Derechos Humanos junto con la ciudadanía, levantamos nuestras voces y puños en lucha contra esta nueva realidad que se pretende, llena de sufrimiento humano y vulneraciones de los principales derechos fundamentales y del Menor”, se apunta en el manifiesto, que hace un breve recorrido de las principales amenazas relativas al pacto, destacando el señalado reglamento de crisis, a través del cual “Los Estados pueden suspender normas y leyes en caso de ‘crisis’, ‘fuerza mayor’ o ‘instrumentalización’”.
La crisis también permitiría alargar el procedimiento fronterizo hasta seis semanas, algo que de nuevo afectará a familias incluyendo menores, y que, explica el documento, será sistemático en casos de “instrumentalización”.
“El Pacto Europeo de Migración y Asilo tendrá catastróficas consecuencias para las vidas de millones de personas, familias, niños y niñas que huyen de persecuciones, guerras, expolio y genocidios”
Ana Isabel Martínez, de València és Refugi, es una de las portavoces de esta iniciativa y considera que uno de los grandes desafíos que plantea el Pacto es su opacidad para la opinión pública, habiendo quedado fuera del debate mediático, una ocultación que, apunta, le ha sido confirmada por funcionarios del propio Parlamento Europeo. Para combatir este silencio, la activista explica que los colectivos se han movido por todo el territorio intentando explicar en qué consiste el Pacto. Piensa que tras este esfuerzo común, la ciudadanía ha empezado a ser más consciente.
La activista valenciana, acudía ayer 9 de abril ya a Bruselas para reunirse con europarlamentarios y defender ante La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una petición individual sobre la vulneración de los derechos de la infancia provocada por el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Para ello ha contado con el apoyo de Podemos, cuya europarlamentaria Esther Sanz defendía la necesidad de implicar a la sociedad civil en la formulación de iniciativas como el Pacto. Martínez esperaba con su petición introducir salvaguardias para niños y niñas, según ha explicado, pero la propuesta queda a expensas de la votación final. Esta activista se sumará junto a otros manifestantes procedentes de diversos países, a una concentración frente al Parlamento Europeo en Bruselas el mismo miércoles a las 15, en la que pretenden mostrar su oposición al pacto.
Una de las primeras concentraciones contra el Pacto se convocó en Zaragoza el pasado 5 de abril. “Estamos coordinados a nivel nacional e internacional. Hemos preparado de forma conjunta manifiestos que estamos presentando en concentraciones o manifestaciones por todo el territorio”, explica Agustín Monllor, de Ayuda Refugiados Zaragoza, quien lamenta el desconocimiento general respecto a un pacto que “nos hace peores seres humanos, egoístas e insolidarios”. Monllor considera que el poco debate político respecto al pacto se debe a que los partidos mayoritarios “están a favor del pacto y no quieren que este tema llegue a la ciudadanía”.
En Madrid, la concentración será en la Plaza de Callao el día 11 de abril a las 19:30 “para respetar el día del final del Ramadan y así posibilitar la asistencia de las personas que lo practican, parte importante de la población migrante de nuestra ciudad, que es quien tiene todo el protagonismo de esta lucha contra el PEMA”, explica Ramtin Zigorat de la Red Interlavapiés. El activista considera que también en el caso del Pacto, actúa el silencio de los medios de comunicación con todo lo que tiene que ver con las personas migrantes, así como la “complejidad de un Pacto que se lleva trabajando tantos años y que es de normas farragosas y de difícil comprensión”. Apunta asimismo a la responsabilidad de un gobierno y medios de comunicación que lo único que han trasladado a la ciudadanía “es que el PEMA es un buen pacto y todo, es más ventajoso para las personas migrantes, a la par que protege la seguridad de los ciudadanos europeos , una gran mentira”.
Para cuando sea la concentración en Madrid, probablemente se sabrá si el pacto ha sido aceptado o rechazado, ante lo que pasará después No Name Kitchen, cuyo presidente en España, Bruno Álvarez, también estuvo ayer en Bruselas reunido con europarlamentarios, explicaba en un documento propio “Si el pacto es rechazado, se reabrirán las negociaciones y habrá más espacio para que organizaciones como NNK influyan en la elaboración de las políticas del pacto”. Pero en el caso de ser aprobado, continuaban, será necesario seguir resistiendo contra él y denunciando la represión en las fronteras. La organización insta a además a presionar a eurodiputados y eurodiputadas para que “exijan salvaguardias que protejan a las personas de la ambigüedad deliberada del pacto”, y animan a la ciudadanía a sumarse a esta presión.
Con información de https://www.elsaltodiario.com/
