Unos cuarenta nicaragüenses opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, detenidos ilegalmente entre el 22 y 28 noviembre de 2024, fueron enviados a sus casas en diversos departamentos de Nicaragua, la noche del miércoles 11 de diciembre de 2024, bajo la condición de reportarse periódicamente ante la Policía en Managua.
Todos los ciudadanos estaban recluidos en el Sistema Penitenciario Nacional, en la capital nicaragüense. Previo a su liberación, «los opositores fueron amenazados y obligados a firmar un documento, por el cual sienten mucho temor y no quieren decir sus nombres», han explicado defensores de derechos humanos.
Otra fuente indicó que «los opositores fueron sacados en fila de la cárcel, luego fueron separados en grupos por departamento y finalmente abordaron los autobuses en los trasladados hasta sus viviendas».
Algunos de los liberados fueron advertidos de que, aunque vivan en los departamentos, deben presentarse una vez por semana ante la Policía en Managua, y otros solamente una vez al mes. De esta manera, el régimen les impuso una especie de medida cautelar de facto.
La mayoría de los ciudadanos son originarios de los departamentos de León, Masaya, Estelí y Jinotega, quienes fueron detenidos en una redada policial realizada tras la aprobación ilegal en primera legislatura, de una reforma constitucional que cambia el sistema político de Nicaragua.
Hasta octubre de 2024, el régimen de Ortega y Murillo mantenía un total de 46 presos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Se prevé que la cifra sea mayor, ya que todavía no se conoce el dato actualizado hasta diciembre.