Desde 2018, Nicaragua se ha convertido en un sombrío ejemplo de represión estatal y violaciones sistemáticas de derechos humanos en América Latina. Lo que comenzó como protestas cívicas contra reformas gubernamentales degeneró en una brutal represión que ha dejado una cicatriz profunda en el tejido social del país. A la fecha, se documentan al menos 355 muertes, más de 2.000 heridos, y miles de detenciones arbitrarias, despidos injustificados y persecuciones políticas. La magnitud de estos abusos no solo refleja el desprecio por los derechos fundamentales, sino que también evidencia un intento deliberado de cerrar cualquier espacio de disidencia.
La comunidad internacional ha observado con alarma cómo la cancelación masiva de la personería jurídica de organizaciones de la sociedad civil ha estrangulado el espacio cívico en Nicaragua. Entre 2018 y septiembre de 2023, más de 3.394 organizaciones no gubernamentales han sido clausuradas, un ataque directo contra la participación ciudadana y el derecho a la asociación. Estas medidas no solo afectan a las organizaciones, sino también a las comunidades a las que servían, dejando a miles de personas sin apoyo en áreas críticas como la salud, la educación y los derechos humanos.
En este sombrío panorama, la Iglesia Católica también ha sido blanco de represalias. El hostigamiento a sacerdotes y seglares, junto con las detenciones arbitrarias, no es solo una afrenta a la libertad religiosa, sino también un ataque a una de las pocas instituciones que tradicionalmente han servido de refugio moral y espiritual en contextos de crisis. Estos actos muestran la intolerancia del gobierno hacia cualquier voz que pueda cuestionar su autoridad.
A esto se suma la tragedia que viven los pueblos indígenas, quienes enfrentan un doble abandono. Por un lado, son víctimas de ataques letales por parte de grupos armados; por otro, sufren la indiferencia y complicidad del Estado, que no investiga ni sanciona estos crímenes. Las comunidades indígenas de Wilú, Musawas y Sabakitang han sido escenario de muertes y lesiones, mientras que sus líderes y lideresas enfrentan detenciones arbitrarias y juicios injustos. La legislación represiva, como la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo, se utiliza para justificar la anulación de la personería jurídica de sus organizaciones y la prohibición de las manifestaciones públicas, dejando a estas comunidades en un estado de vulnerabilidad extrema.
La gravedad de esta situación no puede ser subestimada. Nicaragua es hoy uno de los casos más alarmantes de cierre del espacio cívico en la región, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, más allá de las cifras y las declaraciones, la realidad sobre el terreno es desgarradora: un país dividido, comunidades devastadas y un pueblo que lucha por sobrevivir bajo el peso de la opresión.
Es imperativo que la comunidad internacional continúe presionando al gobierno nicaragüense para que cese las violaciones de derechos humanos y garantice la rendición de cuentas por los abusos cometidos. Además, se deben redoblar los esfuerzos para apoyar a las organizaciones que trabajan en favor de los derechos humanos y la justicia, dentro y fuera del país.
La situación en Nicaragua no es solo un problema nacional, sino un recordatorio para toda la región de lo que sucede cuando un gobierno decide sofocar la libertad y la dignidad humana en nombre del poder. Mientras el pueblo nicaragüense siga enfrentando esta represión con valentía, la solidaridad internacional debe ser inquebrantable, porque la lucha por los derechos humanos en Nicaragua es también una lucha por los valores universales que nos unen como humanidad.