Las organizaciones religiosas en Nicaragua deberán mantenerse “libres de todo control extranjero”, según el artículo 14 de la iniciativa de reforma a la Constitución Política propuesta por el dictador Daniel Ortega.
En la propuesta de reforma constitucional se establece que “el Estado es laico y asegura la libertad de culto, fe y prácticas religiosas en estricta separación entre el Estado y las iglesias”.
Sin embargo, la enmienda advierte que “al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público”.
La semana pasada, la dictadura expulsó del país al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el obispo Carlos Enrique Herrera, tras denunciar en una misa el “sacrilegio” del alcalde sandinista del municipio de Jinotega, Leónidas Centeno, quien puso música con alto volumen en el exterior de una parroquia donde se celebraba una eucaristía.
El obispo Herrera, de 75 años, fue enviado a Guatemala por órdenes del régimen. Herrera se convirtió en el tercer obispo nicaragüense en ser expulsado de Nicaragua en el último año.
Los otros dos son los obispos excarcelados Rolando Álvarez, de la diócesis de Matagalpa (norte), e Isidoro Mora, de la diócesis de Siuna (Caribe).
Según la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Iglesia Católica de Nicaragua sufre la peor represión de su historia con el régimen de Ortega.
Según ese Colectivo, el régimen de Ortega ha detenido a 74 religiosos -en su mayoría sacerdotes- y excarcelado y desterrado a 63 de ellos, y al menos 35 han sido despojados de su nacionalidad.