Nicaragua se prepara para enfrentar una evaluación crítica en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo este 13 de noviembre de 2024.
El país será examinado por su situación en materia de derechos humanos, y organizaciones nacionales e internacionales ya han señalado una serie de preocupaciones graves que podrían tener repercusiones importantes a nivel internacional.
El Examen Periódico Universal es un mecanismo mediante el cual los 193 Estados miembros de la ONU revisan el cumplimiento de los derechos humanos en todos los países.
En esta ocasión, las alarmantes violaciones que se han documentado en Nicaragua en los últimos años estarán en el centro de la discusión. Entre los principales temas a ser abordados están las restricciones a la libertad de asociación, la represión de la libertad de expresión y reunión, los ataques contra la autonomía universitaria, las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, y la continua detención de presos desde las protestas de 2018.
En el marco de esta evaluación universal, organizaciones que integran la RedProdepaz Nicaragua, conformada por: la Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE) , Aula Abierta, Activismo Ciudadano en Resistencia , la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) , Fundación es Libertad, ASIDEHU, Foundation for Development and Social Innovation y la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, reiteran las principales preocupaciones presentadas en la Contribución para el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal sobre Nicaragua.
El régimen de Daniel Ortega ha sido criticado por su constante represión contra la sociedad civil, especialmente por la cancelación arbitraria de las personerías jurídicas de organizaciones no gubernamentales.
Desde 2018, se ha cerrado más de 5,200 organizaciones, incluidas universidades, medios de comunicación y grupos que apoyan a comunidades vulnerables.
Según la RedProdepaz, estas cancelaciones han sido motivadas por la crítica al régimen, en una clara persecución política.
Un ejemplo particularmente preocupante es la aprobación de la Ley No. 1115 en 2022, que impuso un marco legal restrictivo para las organizaciones sin fines de lucro, facilitando su disolución y la confiscación de sus bienes. Organizaciones como la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG han documentado más de 3,500 cierres de organizaciones entre 2018 y 2024.
La Iglesia Católica ha sido otro objetivo de ataques sistemáticos por parte del régimen. Entre 2018 y 2023, se registraron 667 ataques contra la Iglesia Católica y 70 contra iglesias evangélicas.
Estos incluyen profanaciones, daños a la infraestructura, amenazas de muerte a religiosos, confiscación de bienes, y la expulsión de sacerdotes, obispos y seminaristas.
La represión religiosa ha afectado gravemente a las comunidades de fe, que han sido privadas de su derecho a la libre expresión religiosa.
En febrero de 2023, el régimen aprobó la Ley 1145, que permite la pérdida arbitraria de la nacionalidad nicaragüense a personas consideradas “traidoras a la patria”, como parte de un esfuerzo por despojar de sus derechos a los opositores políticos y activistas.
Esta ley afectó a más de 200 personas, quienes fueron desterradas y despojadas de sus bienes. La represión migratoria ha continuado con la expulsión de opositores políticos, incluyendo detenidos en cárceles, activistas y periodistas que han criticado al régimen.
La libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica han sido severamente restringidas en Nicaragua. La policía ha impedido manifestaciones, y la Ley de Ciberdelitos, aprobada en 2020, castiga hasta con diez años de cárcel la difusión de “noticias falsas” que alteren el orden público.
La represión de protestas y las restricciones en medios digitales han creado un ambiente hostil para aquellos que desean ejercer su derecho a protestar o expresarse libremente.
Educación, autonomía universitaria y represión a estudiantes
La educación superior ha sido otro campo de conflicto. Con la reforma de las leyes educativas en 2022, el régimen ha intervenido en la autonomía de las universidades, permitiéndole tomar control sobre las instituciones educativas.
Esto se ha reflejado en el cierre arbitrario de universidades, incluida la Universidad Centroamericana (UCA), una de las más prestigiosas del país, y el hostigamiento contra profesores y estudiantes que critican al régimen.
Al menos 27 universidades han perdido su personería jurídica desde 2021.
Además, los estudiantes universitarios han sido perseguidos, como lo demuestran los casos de activistas detenidos arbitrariamente, como Adela Espinoza y Gabriela Morales, quienes fueron acusadas injustamente de delitos como “difusión de propaganda falsa”.
La represión contra la comunidad universitaria ha sido acompañada de actos de adoctrinamiento político en las universidades públicas, lo que ha generado un ambiente de censura y autocensura.
Las comunidades indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe han sido objeto de violaciones sistemáticas de sus derechos. Según el Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, entre 2022 y 2023 se registraron 585 denuncias de criminalización y represión contra líderes indígenas.
Estos incluyen amenazas, intimidaciones, y acusaciones falsas por parte de las autoridades.
Además, el régimen ha impuesto autoridades locales afines al partido gobernante, limitando el derecho de las comunidades a autogobernarse y administrar sus tierras.
El despojo de tierras y el control político de las autoridades indígenas son prácticas que han violado los derechos territoriales de los pueblos indígenas, lo que ha exacerbado la violencia y el desplazamiento forzado en algunas áreas.
Las comunidades han denunciado, en particular, el asesinato de líderes y defensores de derechos humanos, mientras que la dictadura continúa ignorando sus demandas de justicia.
En cuanto a la situación de los presos políticos, al menos 317 personas han sido despojadas de su nacionalidad y desterradas desde principios de 2023.
Estas detenciones y destierros han afectado a defensores de derechos humanos, activistas, opositores y ciudadanos comunes que participaron en protestas pacíficas.
La persecución judicial ha sido acompañada de violaciones graves al debido proceso, y muchos de los detenidos han sido sometidos a condiciones inhumanas en prisión.
Las organizaciones que integran la coalición RedProdepaz Nicaragua han expresado varias recomendaciones en su informe al EPU, entre las cuales destacan:
– Derogar la Ley 1145, que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, y restituir la nacionalidad a las personas privadas de ella de manera arbitraria.
– Liberar a todos los presos políticos y poner fin a las detenciones arbitrarias.
– Respetar la autonomía universitaria y garantizar la libertad académica en las instituciones educativas.
– Garantizar el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas y afrodescendientes.