La Asamblea Nacional aprobó este jueves la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que sustituirá a la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales. A través de esta norma enviada al Parlamento por el dictador Daniel Ortega en el mes de marzo, se crea una supraestructura que controlará a los operadores, proveedores y usuarios de las telecomunicaciones en Nicaragua.
A partir de ahora, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) podrá ejercer de forma discrecional la regulación del espectro radioeléctrico del país y los operadores de compañías telefónicas estarán obligadas a compartir la ubicación que reciban de los usuarios a través de la señal GPS.
La nueva ley establece, entre otras cosas, que la importación de equipos tecnológicos estará bajo supervisión de Telcor, los operadores de telecomunicaciones deberán proveer geolocalización de los usuarios de telefonía y permitir severas inspecciones que de ser necesarias recurrirán a la fuerza de la Policía Orteguista.
De igual forma, establece sanciones contra los operadores de telecomunicaciones que van desde los 0.5% hasta 2.5% de sus ingresos brutos derivados del año anterior si se niegan a entregar la información de los usuarios.
La Ley establece además la obligación de los operadores y proveedores para transmitir en cadena las comparecencias públicas del dictador, algo que ya sea hace desde algunos años.
«Establece de manera explícita obligaciones específicas para los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, para garantizar los derechos de todos los usuarios, dentro de las que se destacan, unirse a las cadenas de radio y televisión, así como poner a disposición del Gobierno de manera gratuita, sus instalaciones y servicios en caso de emergencia nacional o regional», destaca la ley.
Otros los capítulos de la iniciativa se relacionan con el papel interventor del Telcor en el mercado de la telecomunicaciones de Nicaragua desde la elaboración de los contratos hasta la fiscalización de las tarifas por los servicios. Con la nueva norma, los operadores deberán permitir el acceso a los funcionarios de Telcor para que realicen inspecciones técnicas, financieras o contables. Los inspectores de Telcor asumirán un papel de investigadores de un cuerpo policial en caso de que los hechos «presumidos» sean ciertos.
El régimen destaca como gran logro de la Ley que Telcor podrá abrir el mercado de telecomunicaciones y promover la competencia que beneficie a los usuarios con mejores servicios y tarifas.