La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aprobó medidas provisionales para cuatro personas presas políticas de Nicaragua: Walner Antonio Ruiz Rivera, Edgardo Antonio Cárcamo Díaz, Evelyn Susana Guillén Zepeda y Geovanny Jaret Guido Morales, los tres primeros representados por la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).
El tribunal ordenó al Estado de Nicaragua “adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, integridad, salud, alimentación adecuada, acceso al agua potable y libertad personal” de estas personas, según la resolución aprobada el pasado 15 de octubre, pero difundida este miércoles 23.
La Corte IDH resalta que las medidas provisionales tienen un carácter no sólo cautelar, en el sentido que preservan una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar, pues protegen derechos humanos al evitar daños irreparables a las personas.
“Respecto al carácter cautelar, las medidas provisionales tienen por objeto y fin preservar los derechos en posible riesgo hasta que se resuelva la controversia. Por su parte, el carácter tutelar implica que la Corte puede ordenarlas aun cuando no exista propiamente un caso contencioso en el Sistema Interamericano, en situaciones que, prima facie, puedan tener como resultado una afectación grave e inminente de derechos humanos”, argumenta la Corte IDH.
Antes, la Comisión Interamericana (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de las cuatro personas propuestas beneficiarias entre junio y agosto de 2024, tras identificar que se cumplían los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad a los que hace referencia el artículo 25 de su Reglamento.
“De acuerdo con la Comisión, pese a haberse otorgado las medidas cautelares y a las reiteradas solicitudes para obtener información por parte del Estado, no recibió ninguna respuesta que indique que se han adoptado medidas concretas para proteger sus derechos. La Comisión indicó que tampoco ha sido informada de acciones de concertación o medidas tendientes a investigar la situación de riesgo en que se encontrarían los propuestos beneficiarios. Por el contrario, según información remitida por los representantes a la Comisión, luego de que fueran otorgadas las medidas cautelares, las condiciones de detención de los propuestos beneficiarios no habrían mejorado y, en cambio, habría aumentado el deterioro a su salud”, recoge la Corte IDH en su resolución.
Sobre el contexto sociopolítico de Nicaragua, la Corte IDH asegura que ha constatado “la existencia de procesos judiciales seguidos en contra de personas que participaron en las protestas o que tienen una posición crítica al Gobierno, que se habrían llevado a cabo sin las garantías necesarias, y ha comprobado que el contexto de persecución y hostigamientos en contra de esas personas se ha intensificado con el paso del tiempo”.