En el marco de la conmemoración del 45 aniversario de la Policía Nacional, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció nuevos nombramientos en la dirección de contrainteligencia y otros departamentos especializados. Los nuevos altos mandos fueron juramentados este miércoles en Plaza El Sol, como parte de las celebraciones por la fundación de la institución.
Entre los designados, destaca el comisionado Alejandro Javier Ortega, quien asumirá como jefe de la Dirección de Contrainteligencia Policial, y su subalterno, el subcomisionado Francisco Gerardo Barreto Pozo. Además, se nombró al teniente David Josué López Cerda como jefe del Departamento Especializado.
No se tiene registro en la prensa sobre la trayectoria previa de estos nuevos jefes policiales, lo que marca un posible relevo en las filas de la contrainteligencia.
- Más cambios en la Policía
En un comunicado emitido por la institución, el régimen expresó su agradecimiento a los jefes salientes, incluyendo al comisionado mayor Luis Alberto Guevara, quien previamente encabezaba la Dirección de Contrainteligencia Policial. Asimismo, el comunicado adelantó que estos movimientos son parte de un proceso de reestructuración que continuará hasta el 13 de octubre, fecha en la que culminarán las actividades por el aniversario de la Policía.
Es llamativo que estos nombramientos fueron avalados no solo por el primer comisionado Francisco Díaz Madriz, jefe de la Policía y consuegro de Ortega, sino también por figuras clave como el comisionado general Horacio Rocha, asesor de seguridad del régimen, y el comisionado general Zhukov Serrano, subdirector de la institución.
- Aumento de poderes policiales
Estos cambios en la cúpula policial ocurren en un contexto donde la Asamblea Nacional, controlada por el régimen, ha otorgado más facultades a la Policía a través de una reforma al Código Procesal Penal (CPP). La Policía Nacional, que ha sido instrumentalizada por Ortega y Murillo para reprimir a la población, ya no requerirá de órdenes judiciales para realizar allanamientos, intervenciones, decomisos y para levantar el sigilo bancario de cualquier ciudadano.
Además, se le otorgó la capacidad de solicitar información a proveedores de servicios informáticos y de telecomunicaciones, ampliando significativamente su control sobre la privacidad y las actividades de los nicaragüenses.