La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo arrebató este martes la nacionalidad nicaragüense a los 135 excarcelados políticos desterrados a Guatemala.
La resolución judicial que tiene como fecha el 9 de septiembre, emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), controlada por el sandinismo, ordena el despojo de la nacionalidad que según la Constitución Política de Nicaragua es irrenunciable.
El poder judicial señaló a este grupo de presos políticos como un grupo de personas que supuestamente fueron condenados “por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense”.
Además de quitarles la nacionalidad, la dictadura ordenó decomisar sus bienes, “a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales” que supuestamente ocasionaron a la población y al país.
Este grupo de 135 presos políticos fueron desterrados hacia Guatemala la mañana del jueves 5 de septiembre, luego de una negociación entre el régimen de Managua y Estados Unidos.
La dictadura no se había pronunciado desde entonces y tampoco publicó una lista oficial de los 135 ex reos políticos.
Esta es la tercera ocasión que el régimen le quita la nacionalidad a un buen grupo de nicaragüenses. La primera y segunda vez fue en febrero de 2023.