El 28 de julio de 2024 se han celebraron elecciones presidenciales en Venezuela. El resultado, según el órgano oficial responsable del recuento, el Consejo Nacional Electoral (CNE), posteriormente confirmado el día 22 de agosto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dio como vencedor por el 51,97% al actual presidente Nicolás Maduro (PSUV) frente al 43,18% de votos del candidato de la oposición, el ex diplomático Edmundo González (MUD).
La lideresa de la oposición, María Corina Machado, tutora de González, contestó de inmediato el resultado de las urnas, aduciendo irregularidades. Pese a que la oposición no ha aportado pruebas definitivas de fraude, esta tesis del pucherazo electoral se ha extendido internacionalmente. La OEA, el Centro Carter y hasta las Naciones Unidas han corroborado la supuesta falta de transparencia e imparcialidad en el proceso, pero tampoco mostraron pruebas concluyentes de dicho fraude. En el extranjero, pese al total desconocimiento del sistema electoral venezolano, intelectuales, informadores y partidos políticos de todos los colores, inclusive parte importante de la izquierda, dan por buenas las acusaciones de fraude vertidas por Corina Machado y Edmundo González.
Para ahondar en el conflicto, con una arrogancia desmedida y atribuyéndose poderes que corresponden sólo al CNE venezolano, los EE.UU. y algunos países de América Latina como Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay han reconocido la victoria de Edmundo González, y presidentes ideológicamente aparentemente tan dispares como el argentino Javier Milei, y el chileno Gabriel Boric han emitido duras declaraciones en contra del presidente de Venezuela. Por su parte, China, Rusia e Irán han optado por reconocer inmediatamente la victoria de Maduro, dejando claro que el conflicto se insiere en la geopolítica de bloques. Por su parte, otros países de la región como Brasil, México y Colombia, en un intento de salvaguardar su posición de neutralidad, que les presta una base para mediar entre las partes, inicialmente ni reconocieron la victoria del presidente Maduro, ni corroboraron las tesis de la oposición de fraude electoral.
La mediación de los presidentes de Colombia, Brasil y México proponía condicionar el reconocimiento de la victoria de Nicolás Maduro a la presentación de las actas electorales
La cautela del grupo de los tres países Latinoamericanos parece ser más que oportuna teniendo en cuenta el peligro potencialmente asociado a sentar el precedente de aceptar cuestionamientos extraoficiales de los procesos electorales en democracias amenazadas por el acoso de la extrema derecha. Además, la prudencia en ese caso no parece venir mal si se considera el más reciente precedente de 2019, cuando la oposición venezolana sostuvo la aventura anti-democrática del autoproclamado Juan Guaidó que, sin votación popular, se autoproclamó presidente de Venezuela en una plaza de Caracas siendo burdamente reconocido como presidente legítimo por los EE.UU., el parlamento europeo y por más de 48 países.
En la actualidad, y con el conflicto ya servido, la mediación de los presidentes de Colombia, Brasil y México proponía condicionar el reconocimiento de la victoria de Nicolás Maduro a la presentación de las actas electorales. Se trata de algo muy controvertido, ya que impone a un Estado soberano la humillación frente a sus pares de someter la calidad democrática de sus instituciones al criterio de naciones extranjeras, más aún cuando no existe ningún tribunal internacional que exija dicha condición para dirimir este tipo de conflicto.
Imaginemos lo que habría ocurrido si el gobierno de Venezuela le hubiera puesto la misma condición al Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), para reconocer la ajustada victoria electoral del presidente Lula da Silva, con 50,83%, sobre su rival Jair Bolsonaro (49,17%). Seguramente el magistrado del Supremo brasileño, Alexandre de Moraes, responsable máximo de proceso electoral, tendría que dar más de una explicación a los seguidores del ultraderechista Jair Bolsonaro, que nunca reconocieron el resultado obtenido en las urnas electrónicas de su país. La extrema derecha en Brasil, no sólo consideró el resultado fraudulento, sino que llegó a intentar un golpe de estado el 8 de enero de 2023, poco después de la toma de posesión del presidente electo Lula da Silva. La improcedente exigencia de Brasil y Colombia no parece ajustada a los ritos del respeto mutuo en las relaciones internacionales entre países amigos. Suena más bien a injerencia externa en los asuntos domésticos de una nación soberana.
La posición brasileña en ese tema es incómoda y tuvo sus idas y venidas, principalmente en las declaraciones del asesor especial en asuntos exteriores para la Presidencia de la República, el ex ministro de Asuntos Exteriores Celso Amorim. Ya el día posterior a los comicios se hizo patente la aparente fragilidad de la argumentación del representante de Brasil. El gobierno venezolano ya había aceptado con algunas reticencias la presencia del diplomático durante las elecciones como observador electoral. Aún en Caracas, horas después del cierre de los colegios electorales, Amorim declaró que las elecciones habían transcurrido con normalidad. Incluso llegó a decir más de una vez que no confiaba en los datos que manejaba la oposición. El proceso electoral en Venezuela no parecía estar bajo sospecha. Sin embargo, al llegar a Brasil días después, empezó a modular su discurso de manera curiosamente escéptica. En una entrevista a RedeTV el día 1 de agosto defendió la extravagante tesis de que en el caso venezolano la carga de la prueba sobre el fraude en el proceso electoral no debía recaer sobre la oposición, que acusa de pucherazo, sino sobre el gobierno. La siguiente ocurrencia del gobierno brasileño fue aconsejar que Maduro aceptara un gobierno de coalición con políticos oposicionistas para iniciar un proceso de pacificación. Semejante modulación del discurso generó desconcierto dentro del propio partido de gobierno, el Partido de los Trabajadores (PT), que había felicitado al presidente venezolano por su victoria en las urnas en una “jornada pacífica, democrática y soberana”.
En el pasado, Brasil tuvo un papel fundamental en la normalización del ex presidente Hugo Chávez ante sus enemigos exteriores. Después del intento fallido de golpe en su contra, entre los años 2002 y 2003, el anterior gobierno del PT creó el “grupo de países amigos de Venezuela”, aceptado a regañadientes incluso por los EE.UU. Más recientemente, Brasil se ofreció como mediador en el conflicto de Venezuela con Guyana por la provincia de Ezequibo, reivindicada por el gobierno de Venezuela. La tónica siempre ha sido promover la estabilidad de la región y evitar baños de sangre en el país vecino, con el que comparte 2.199 kilómetros de frontera. Sin embargo, ahora la mediación no parece andar demasiado bien, principalmente cuando se ha conocido que uno de los responsables por el arbitraje a tres bandas, el presidente de México López Obrador, se ha descolgado del grupo. En un nuevo alarde de creatividad, el gobierno brasileño junto con Colombia, además de seguir insistiendo en pedir la presentación de las actas electorales, algo inusual debido a las características del sistema electoral de Venezuela, ha dejado caer la absurda tesis de la repetición electoral, rechazada en ese caso hasta por los seguidores de María Corina Machado.
Parece que la complejidad de la situación y las presiones internacionales están alterando la opinión de Brasil que parece acercarse cada vez más a las tesis defendidas por los EE UU, y la Unión Europea
Así que, transcurrido ya un mes desde las elecciones, la aportación de la mediación brasileña se presenta cada vez más confusa. Parece que la complejidad de la situación y las presiones internacionales (como es el caso de la carta al presidente de Brasil firmada por 30 ex presidentes latinoamericanos pidiéndole que “reafirme” su compromiso con la democracia en Venezuela), están alterando la opinión de Brasil que, pese a alegar independencia, parece acercarse cada vez más a las tesis defendidas por los EE.UU., y la Unión Europea (UE). Así pues, presenciamos una vez más cómo la diplomacia brasileña intenta jugar su baza entre dos bloques que se posicionan ante el nuevo orden multipolar, aunque su excesivo afán le deja en una situación comprometida con sus socios de los BRICS. Parece así no considerar la posición de Venezuela como territorio de disputa en la geopolítica mundial, buscando, sin molestar mucho a los países del llamado Sur Global, agradar a sus amigos occidentales de EE.UU. y la UE, que llevan dos décadas usando sin éxito métodos espurios, como las sanciones, para intentar cambiar el gobierno de Venezuela, incómodo para sus intereses.
La posición de Brasil ya está generando suspicacias entre sus socios de los BRICS, grupo del que Venezuela podría ser un futuro miembro, tras ser invitada por Rusia, con quien tiene excelentes relaciones de cooperación. Venezuela hace tiempo que se posiciona en la esfera de influencia de ese club. Por otro lado, parece contraproducente provocar roces con un histórico aliado progresista en la región y colaborador activo en los procesos de integración latinoamericana.
Sin embargo, lo que más estupor provoca en todo ese embrollo es la anómala aproximación del gobierno progresista brasileño a las extravagantes tesis de Corina Machado, una de las signatarias de la Carta de Madrid, firmada entre otros por Javier Milei, Jair Bolsonaro y Giorgia Meloni. Esta dirigente política entre 2018 y 2020 no se ruborizó por promover una insólita campaña que solicitaba la intervención de las tropas de Estados Unidos en su país para dar un golpe de Estado contra el presidente Maduro. En una línea similar, su discípulo Edmundo González no se presentó al máximo órgano de justicia de Venezuela (TSJ) para contestar el resultado oficial, como sí hicieron los otros candidatos oposicionistas, aunque de inmediato instó a las Fuerzas Armadas a levantarse contra Maduro. Muchos sectores de la izquierda que combaten férreamente a la ultraderecha en Brasil, no tienen el menor reparo ahora en agradar a los extremistas de Venezuela. Recordemos que éstos habían firmado el acuerdo de Barbados, que preveía garantías electorales, y ante una derrota no esperada, ahora no aceptan el resultado. Es curioso que la vara de medir sobre el peligro que supone el avance de la extrema derecha en Brasil no valga para calibrar el mismo fenómeno en el país vecino.
*Este análisis fue escrito por Zainer Pimentel, publicado originalmente en El Salto Diario, Radio Veritas lo publica íntegramente.