CIVICUS, organización que monitorea el estado de los derechos y libertades en todo el mundo, condenó este jueves 22 de agosto el “cierre arbitrario y masivo” de 1.500 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, por orden de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“CIVICUS condena el cierre arbitrario y masivo de 1.500 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua. Nos alarman las nuevas reformas legales que imponen autorización previa para que las organizaciones de la sociedad civil lleven a cabo actividades. Estas medidas represivas obstruyen gravemente el trabajo crucial de la sociedad civil, socavando las libertades cívicas fundamentales”, señaló el organismo en un comunicado.
CIVICUS sostuvo que en Nicaragua, desde 2019, más de 5.150 OSC han sido cerradas en Nicaragua en un contexto de “restricciones severas al espacio cívico”.
En ese sentido, apuntó que “la revocación de su estatus legal obstaculiza el trabajo crucial de personas defensoras en la promoción de los derechos humanos y la democracia”.
CIVICUS demandó a la dictadura Ortega-Murillo a “abstenerse de imponer restricciones y prohibiciones indebidas a las organizaciones de la sociedad civil”.
“Nunca debe criminalizar ni deslegitimar sus actividades realizadas pacíficamente”, añadió.
En diciembre de 2021, CIVICUS incluyó a Nicaragua en la lista de países con espacio cívico “cerrado” a causa de la detención arbitraria y las desapariciones forzadas de opositores al régimen de Daniel Ortega, la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y los ataques a los medios de comunicación.
“En el caso de Nicaragua, desde mayo (2021), lo que hemos visto es que ha habido una campaña muy fuerte, una represión sin precedentes contra la sociedad civil y la oposición en el país”, comentó en ese momento Debora Leao, investigadora en el programa CIVICUS.