Narcotráfico, posesión de armas de fuego y conspiración. El pasado marzo, un jurado popular de Nueva York declaró culpable al exnarcopresidente golpista de Honduras Juan Orlando Hernández, tras ser extraditado en 2022 a Estados Unidos e iniciarse un proceso judicial contra él. Hoy ha salido la condena: 45 años de prisión. “Ahora la pregunta más importante es ¿qué hará Honduras con la sentencia?”, plantea Iolany Pérez, del grupo de investigación y derechos humanos Eric, ubicado en la ciudad hondureña El Progreso.En la lectura de la sentencia, el juez Kevin Castel le ha recordado a Hernández que “declaró en un juicio y fue condenado por tres delitos, pero no está siendo sentenciado por corrupción en Honduras, eso le corresponde al pueblo de Honduras. Está sentenciado por frustrar los esfuerzos por detener a narcotraficantes”.
“Ha sido condenado por narcótrafico [en Estados Unidos], la sentencia por corrupción le corresponde al pueblo de Honduras”, el juez Kevin Castel
El hermano del dictador, Juan Antonio “Tony” Hernández, fue condenado en 2021 a cadena perpetua más 30 años de cárcel. La DEA empezó a investigar el narcotráfico en Honduras en 2013 y en 2017 el cartel de Los Cachiros se chivó de los lazos que les unían con los Hernández. Los Cachiros es la principal organización criminal en los departamentos de Colón y Olancho, zona de corredor de droga -de Colombia a EE UU-; bajo la narcodictadura, Honduras también empezó a ser productora de cocaína.
Se cumplen 15 años desde el golpe de estado
El viernes 28 de junio de 2024 se cumplen 15 años del golpe de estado que dieron las clases conservadoras de Honduras para allanar el camino hacia la presidencia de Juan Orlando Hernández. “Significó la instalación de un régimen que sistematizó las violaciones a los derechos humanos”, añade Pérez. Se triplicaron los feminicidios -de 313 en 2008 se pasó a 636 en 2013-, se institucionalizaron las maras y los sicarios contratados por empresas, policías y militares tenían -y siguen teniendo- carta libre para asesinar y hostigar a líderes sociales de un país donde la disputa por la tierra y la defensa del territorio atraviesa a los 18 sectores -el equivalente a comunidades autónomas de España-. Solo en el Bajo Aguán, más de 200 líderes han sido asesinados con total impunidad. La libertad de prensa desapareció, bajo sobornos. ‘Machacas’, como se dice aquí. Hasta ahora, 101 periodistas y comunicadores sociales han sido asesinados.
En el país de las Berta Cáceres, hoy se esperaba la sentencia, una confirmación que quizá no cambie cómo se encuentra el país, que eligió como presidenta en unos comicios sin fraude a Xiomara Castro, del Partido Libre. Ella fue la esperanza de una población violentada, pero cuyos cambios aún no han fortalecido un Estado que sigue trabajando al servicio de las oligarquías y las organizaciones criminales. Desde hace año y medio, Honduras vive bajo un estado de excepción. Teóricamente, para rebajar la tasa de criminalidad.
Juan Orlando Hernández, de 53 años, envió al juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, una carta de 30 páginas solicitando clemencia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que Hernández “abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado, donde a los narcotraficantes violentos se les permitía operar con virtual impunidad, y a los pueblos de Honduras y Estados Unidos se les obligaba a sufrir las consecuencias”.
Se dice en Honduras que la ‘Embajada’ (de EE UU) es quien arbitra, pone y quita presidentes. Hernández mantuvo fuertes vínculos con Estados Unidos y tanto Barack Obama como Donald Trump le elogiaron en diversas ocasiones. Como dicen en Honduras, “los gringos ponen y quitan presidentes”.
Se esperaba una sentencia de cadena perpetua para Juan Orlando Hernández
Karen Paredes, periodista de Radio Progreso, contextualiza que esperaban una cadena perpetua para Hernández, como recibió su hermano, porque “hubiera representado un mínimo de justicia para una persona que institucionalizó el narcotráfico en Honduras”. Una sentencia no lo suficientemente contundente, tal y como se esperaba, “representa un peligro porque él o su estructura política pueden albergar una mínima esperanza de seguir moviendo piezas en los partidos políticos. Su esposa, Ana García, es precandidata a las elecciones”.
Frente a esas intenciones, la periodista advierte de que “tenemos una ciudadanía que no es consciente de la institucionalización deL narcotráfico y no lo percibe como un problema”, tal y como ha mostrado el último sondeo de opinión pública del Eric.
Define la articulación de Estados Unidos y el narcogobierno de Hernández como “una relación de doble cara, porque durante todo el gobierno de Hernández, Estados Unidos reforzó sus políticas antidemocráticas, de militarización de la sociedad, de antiimigración y de utilización de sus intereses, como por ejemplo, la base área más grande de Centromérica, La Palmerola, en Comayagua. Estados Unidos sabía de los delitos de Juan Orlando y su hermano y, aún así, seguía enalteciendo su mandato. No querían tocarlo mientras fuera presidente”.
Para cada uno de los tres delitos, el fiscal pedía una cadena perpetua, que es la condena que se esperaba. Las perpetuas no son indultables. Donald Trump ya había anunciado que, sin cadena perpetua, indultará a Hernández si llega a la presidencia de la Casa Blanca.