Chinandega, una de las ciudades más importantes de Nicaragua, se enfrenta a una creciente preocupación por el aumento de la delincuencia, el alcoholismo y la inseguridad ciudadana. En los últimos meses, ciudadanos han sido testigos de un incremento alarmante en los índices de criminalidad, una situación que ha generado inquietud y temor en la comunidad.
El aumento de la delincuencia en Chinandega se ha convertido en un problema significativo. Las conferencias de prensa que brinda la policía orteguista muestran un repunte en robos, asaltos y otros actos delictivos.
Los ciudadanos denuncian que la presencia policial es insuficiente y que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, la respuesta no ha sido efectiva para contener la ola de criminalidad. «No podemos salir de nuestras casas con tranquilidad. Los robos y asaltos son cada vez más frecuentes», comenta María López, una residente del barrio El Calvario.
Paralelamente, el alcoholismo ha ido en aumento, exacerbando la situación de inseguridad. Las calles de Chinandega son escenario de peleas y disturbios nocturnos, a menudo relacionados con el consumo excesivo de alcohol.
Este fenómeno no solo afecta la calidad de vida de los habitantes, sino que también contribuye al deterioro del tejido social. «La cantidad de personas consumiendo alcohol en la vía pública es alarmante. Esto genera violencia y desorden», señala un guarda de seguridad que trabaja en el centro de la ciudad bajo condición de anonimato.
La combinación de estos factores ha derivado en una creciente sensación de inseguridad ciudadana. “Los chinandeganos se sienten vulnerables y desprotegidos, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de medidas de seguridad privada y a la adopción de conductas precautorias por parte de los ciudadanos” dijo Perla, habitante del barrio Roberto González.
«Es necesario invertir en programas de prevención, educación y generación de empleo para ofrecer alternativas a los jóvenes y evitar que caigan en la delincuencia y el alcoholismo», sugiere “Rosa”, una trabajadora social que plantea el déficit de intervención social que tiene la municipalidad y el régimen Ortega-Murillo.