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Dinero incautado a narcotráfico servirá para “cubrir los gastos administrativos” de dictadura

La dictadura de Daniel Ortega reformó, a través de la Asamblea Nacional, la ley que regula la administración de los bienes incautados al narcotráfico y al crimen organizado para que el dinero decomisado ya no sea depositado en cualquier banco sino únicamente a una cuenta que la Tesorería General de la República tendrá en el Banco Central de Nicaragua (BCN).

Ese dinero, que estará bajo el control de Ortega, servirá para cubrir los gastos administrativos de la Unidad Administradora de bienes Incautados, Decomisados o Abandonados”, así como de las instituciones relacionados con la lucha contra el crimen organizado, aunque, especialmente “para cubrir necesidades presupuestarias”, dijo el operador de la dictadura, Gustavo Porras.

En la exposición de motivos para la reforma, Ortega indicó que la misma se realiza para «mejorar» la administración de los bienes incautados.

La ley reformada es la número 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados», y los artículos afectados son 48, 56 y 58.

De ahora en adelante, a la cuenta de la Tesorería en el BCN será depositado todo el dinero que se le decomise al crimen organizado y al narcotráfico, ya sea que se les decomise en efectivo, incluyendo el que los narcos dejan abandonado, o que sea resultado de la subasta de bienes muebles ocupados al crimen organizado y el narcotráfico.

La medida refleja que la dictadura está sufriendo carencias en el presupuesto de la República, indica la excarcelada política Dora María Téllez.

En el mismo sentido opina un especialista en temas de seguridad, que pide anonimato. “Necesitan más fondos. Debe estar obedeciendo a un requerimiento macro técnico financiero por el énfasis de cambiar un artículo”, manifestó el experto.

Tanto Téllez como el especialista afirman que Ortega y su esposa Rosario Murillo también quieren controlar ese dinero para restarle capacidad económica a algunas instituciones, como la Policía y la Unidad Administradora de Bienes Incautados, y manipularlos a su antojo.

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