Centroamérica enfrenta una crisis desalentadora y cada vez más profunda, mientras los incendios forestales arrasan miles de hectáreas de bosques -muchas de ellas ubicadas en áreas protegidas-, y cuando muchas cosechas se pierden, empeorando cada vez más la situación alimenticia.
Este fenómeno, exacerbado por la mano del hombre en su búsqueda de actividades extractivas, ganaderas y agrícolas extremas, ha alcanzado niveles preocupantes en lo que va del presente año. Según el mapa presentado por la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayudas Humanitarias Europeas (DG ECHO) el 10 de abril de 2024, Nicaragua «lidera» uno de los índices más alarmantes en cuanto a estadísticas relacionadas a la situación multifactorial, con 289,709 hectáreas consumidas por el fuego, hasta abril de 2024, estableciendo un récord desolador en la región.
Los datos recopilados a través de programas de observación y monitoreo de la Tierra, como Copernicus y el Sistema Mundial de Información sobre Incendios Forestales (GWIS, por sus siglas en inglés), revelan una situación alarmante. En Nicaragua, más de 10,000 incendios activos han sido registrados desde el inicio del año, mostrando la magnitud del desastre. Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Belice y El Salvador también enfrentan una realidad preocupante, con cientos de miles de hectáreas calcinadas en lo que va del año, y en aumento.
Asimismo, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), en su informe anual «Pulso Forestal» publicado para comenzar abril de 2024, señaló que se perdieron al menos 60,000 hectáreas de bosques primarios en 2023, lo que representa un 4.2 % del bosque primario nicaragüense restante. Esta tasa de pérdida es la más alta de la región y el continente, en comparación con el tamaño, lo que subraya la magnitud del problema que enfrenta todo el territorio, y la región centroamericana en general.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, intentó declarar un «Estado de Calamidad» en su país, sin obtener la aprobación correspondiente del Congreso Nacional, reconociendo la gravedad de la situación en todo el territorio guatemalteco. La mayoría de los incendios en Guatemala se han atribuido a acciones humanas intencionales, según el oficialismo, «destinadas a causar daño y perturbar la estabilidad del Gobierno».
Esta postura del mandatario guatemalteco ha generado un debate sobre la responsabilidad y la capacidad del Poder Ejecutivo para abordar la emergencia local. Mientras tanto, en Honduras, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) informa que más de 100,000 hectáreas han sido devastadas por incendios en lo que va del año. La quema de tierras para la agricultura, junto con las altas temperaturas, se citan como principales causas de estos desastres naturales. La lucha contra los incendios ha movilizado a más de mil personas en territorio hondureño, incluyendo personal del ICF, las Fuerzas Armadas y las municipalidades, evidenciando el esfuerzo conjunto para contener la propagación del fuego, más necesaria ahora que nunca.
Por otro lado, en Nicaragua, la situación es especialmente preocupante debido a la presencia de reservas de biosfera de importancia mundial, como Indio Maíz y Bosawás, que han sido afectadas por la ganadería ilegal y la expansión agrícola, y por la imperante falta de información. La deforestación en estas áreas protegidas ha reducido drásticamente la cobertura forestal, lo que aumenta el riesgo de incendios y amenaza la biodiversidad única del territorio nicaragüense y de la región en su conjunto. A pesar de los esfuerzos de algunos grupos ambientalistas y oenegés para monitorear y combatir estos incendios y otros fenómenos de impacto, la falta de capacidad del régimen de Daniel Ortega para responder de manera efectiva ha sido criticada repetidamente.
Hubieron más de 140 incendios activos en Nicaragua en las últimas 48 horas, según el sensor satelital MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, en inglés). Mientras tanto, en lo que va de 2024, el GWIS informó que en Guatemala se quemaron 211,432 hectáreas, en Honduras 267,285, en Costa Rica 84,265, en Panamá 83,801, en Belice 29,715 y en El Salvador 17,603.
La situación se agrava aún más por la falta de recursos y la burocracia en la respuesta a las emergencias. Algunas autoridades o procesos han obstaculizado la capacidad de las administraciones nacionales y locales para tomar medidas urgentes y movilizar recursos de manera eficiente. Esta falta de acción inmediata pone en peligro tanto la vida humana como el medio ambiente, exacerbando los impactos a largo plazo de estos desastres.
En medio de esta crisis, se hace evidente la necesidad de una respuesta coordinada a nivel regional y global. Los incendios forestales no conocen fronteras y requieren un enfoque integral que aborde tanto las causas subyacentes, como la deforestación y el cambio climático, como las medidas inmediatas para combatir el fuego y proteger a las comunidades afectadas, incluyendo a la flora y fauna. La cooperación entre gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil es fundamental para mitigar los impactos de estos desastres y garantizar la sostenibilidad ambiental y el bienestar humano en Centroamérica y más allá.
Pero no solo es un problema de bosques quemados; también es un problema alimenticio
Por otro lado, un informe reciente elaborado por Oxfam y organizaciones socias, en colaboración con la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayudas Humanitarias Europeas, arroja luz sobre las consecuencias desgarradoras del fenómeno de «El Niño» y otros acontecimientos en el Corredor Seco de Guatemala, Honduras y El Salvador. Con el título «El fenómeno de ‘El Niño’ no permite ‘Soñar la Mesa’ en el corredor Seco de Centroamérica«, el informe revela datos alarmantes sobre la seguridad alimentaria y la vulnerabilidad de las comunidades rurales en la región.
La evaluación, realizada a finales de 2023 y basada en una muestra de 5,921 hogares distribuidos en 224 centros poblados de 18 municipios diferentes, ofrece una visión detallada de los impactos de la sequía provocada por «El Niño» -y también «La Niña»- en los cultivos y la producción agrícola. Según el informe, el 75.9 % de los cultivos sufrieron los efectos de la sequía, con pérdidas significativas en la producción de dos de tres granos básicos en la región, maíz y frijol, principalmente.
Además, se estima que alrededor de 3,371,205 personas (702,296 hogares) necesitaban asistencia alimentaria a finales de 2023, según la Clasificación Integrada en Fases de Seguridad Alimentaria 3 (CIF3) o superior. La inseguridad alimentaria afecta de manera desproporcionada a los hogares encabezados por mujeres y está estrechamente vinculada al nivel educativo de las y los jefes de hogar.
En cuanto a la cobertura de la ayuda humanitaria, solo el 15.5 % de la población está cubierta, con la mayoría de la ayuda proporcionada por instituciones gubernamentales. Sin embargo, la cobertura de programas de protección social estatal es limitada y no llega a la mayoría -o al menos una parte significativa- de los hogares en situación de inseguridad alimentaria. El documento también destaca la creciente preocupación por la violencia contra la mujer en las comunidades afectadas, con un porcentaje significativo de mujeres que se sienten inseguras en sus propios hogares.
Finalmente, el informe proyecta que para 2024, se necesitará asistencia alimentaria para más de cuatro millones de personas durante el período de Hambre Estacional (de mayo a agosto), solo en Guatemala, El Salvador y Honduras, lo que subraya la urgencia de abordar la crisis y tomar medidas para mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas. Ivan Neftali Aguilar Sandoval, coordinador humanitario de Oxfam Intermón, señaló en un encuentro digital este lunes 15 de marzo, que los problemas mencionados llevan a la región a «extremos». «Son años de sequía o de excesiva lluvia», dijo. Agregó que es importante «hacerle frente a estos problemas» ya mismo, porque la situación empeora cada año.