Las imágenes de un gran incendio provocado por las bombas israelíes sobre el campo de refugiados de Tal al Sultan, en el noroeste de Rafah, no tardaron en dar la vuelta al mundo. Al menos 50 palestinos han sido masacrados en la noche de este 26 de mayo en este campamento provisional donde se refugiaban miles de desplazados por las bombas. El lugar había sido designado como “zona humanitaria” por las propias fuerzas israelíes, según recordó la Media Luna Roja.
El ataque se llevó a cabo con “municiones precisas”, sobre la base de “información de inteligencia precisa” contra lo que Te Aviv califica como un “complejo de Hamas en Rafah”. En concreto, el bombardeo pretendía acabar con la vida de dos altos dirigentes de esta organización palestina: Yassin Rabia y Khaled Nagar. Un comunicado de las fuerzas israelíes reconoce que el fuego iniciado por las bombas causó heridas a varios civiles y que “el incidente está bajo revisión”. Fuentes de Sanidad del Gobierno de Gaza elevan a 50 las personas muertas por las bombas contra este campo de refugiados, entre ellos, muchos menores de edad.
El ataque se produjo algunas horas después de que Hamas lanzara ocho cohetes hacia Tel Aviv y otros puntos del centro de Israel sin provocar daños graves en infraestructuras ni heridos entre la población.
El portavoz de la Autoridad Nacional Palestina Nabil Abu Rudeina calificó el ataque de “masacre que ha superado todos los límites”. Desde Médicos Sin Fronteras Internacional se declaraban “horrorizados por esta masacre, que muestra una vez más que nadie está a salvo”.
Este nuevo ataque llega apenas tres días después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenase a Israel detener la ofensiva en Rafah “y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que pueda infligir al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que podrían provocar su destrucción física total o parcial”.
Desde la orden de La Haya, que Tel Aviv no ha reconocido, el ejército israelí ha continuado con su ofensiva sobre Rafah, en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, y especialmente sobre el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja. La CIJ también ha ordenado a Israel reabrir el paso de Rafah, que se mantiene cerrado desde conquistó la plaza.
Mientras la cifra de palestinos asesinados supera los 36.000 —sin contar las personas desaparecidas y enterradas entre escombros, que podrían superar otros 10.000—, la retórica entre Tel Aviv y algunos de sus aliados tradicionales ha subido de tono. Tras las palabras de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, en las que tildaba de “auténtico genocidio” la ofensiva israelí sobre Gaza, la diplomacia israelí acusó a la ministra hablar en nombre de Hamas, el mismo argumento utilizado para atacar a la CIJ.
El volumen de los ataques discursivos de la diplomacia israelí aumenta a medida que se acerca el anunciado reconocimiento del Estado palestino por parte de España, Irlanda y Noruega previsto para este 28 de mayo. “Estamos en 2024, se acabaron los días de la Inquisición. Hoy los judíos tenemos un Estado soberano e independiente y nadie nos obligará a convertir nuestra religión ni amenazará nuestra existencia. A quien nos duela, le haremos daño“, declaraba el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz este 27 de mayo.
Entre las primeras medidas de castigo por el reconocimiento del Estado palestinos, el próximo 1 de junio entrará en vigor la prohibición al Consulado de España en Jerusalén de dar servicio a los palestinos “residentes bajo la Autoridad Palestina”. Para Irene Montero, candidata de Podemos a las elecciones europeas resultad ”incomprensible que el Gobierno no rompa relaciones diplomáticas y no acuerde un embargo total de armas“. Pese al discurso y las palabras de crítica, incluso de reconocimiento de que Israel está cometiendo un ”auténtico genocidio“, el PSOE se ha negado en sucesivas votaciones en el Congreso a dejar de comprar a Israel armas y sistemas de defensa ”probadas en combate» y llevar a cabo un embargo real, deteniendo la venta de armas aunque los contratos se hayan firmado antes del 7 de octubre de 2023.
*Con información de El Salto Diario.com