El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, creado por Hagamos Democracia, estima que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha confiscado ilegalmente 250 millones de dólares en propiedades que pertenecía a opositores. El dato, que podría ser mayor, es parte de una investigación hecha por el organismo en la que se destaca que solo un reducido número de afectados decidió brindar información.
Los perjudicados tienen temor de que, si hablan, la dictadura pueda afectarles otros bienes o, en el peor de los casos, que la emprendan contra sus familiares. Aún así, el resultado del estudio aterra porque, con información de apenas 135 propiedades confiscadas, es un número que los investigadores calificaron solo como «la punta del iceberg» de todo lo confiscado por Ortega y Murillo desde 2018. Dicho monto, según el Observatorio, pasará a ser una deuda pública que se cargaría a la población nicaragüense en el futuro.
El estudio también indica que, en cuanto a generación de deuda pública, las nuevas confiscaciones se podrían asemejar a las que realizó el primer gobierno de Daniel Ortega en los años ochenta, cuando en 1979 los sandinistas decomisaron propiedades a la familia Somoza y también a sus allegados, para luego, en 1990, repartirlas entre los altos mandos sandinistas y su círculo cercano, en lo que se conoció como «La Piñata» sandinista.
La deuda pública total de «la piñata» sandinista fue de 2,000 millones de dólares y todavía se está pagando. Debió terminarse de pagar en el 2023, pero la dictadura no ha informado si la misma ya está cancelada o no.
Las confiscaciones están expresamente prohibidas por el artículo 44 de la Constitución Política, pero, tras las protestas de 2018, Ortega y Murillo comenzaron a despojar de sus propiedades a quienes ellos consideraron como artífices de un supuesto golpe de Estado, que en realidad fueron protestas pacíficas autoconvocadas que se oponía a una lesiva reforma a la Seguridad Social del país.
Entre los primeros confiscados estuvieron medios de comunicación como el canal 100% Noticias, cuyo dueño, Miguel Mora, dice que lo afectaron por un monto de cinco millones de dólares, más 900 mil dólares por el costo del edificio confiscado. Además, el medio digital Confidencial, del periodista Carlos Fernando Chamorro.
También fue afectado el periodista Aníbal Toruño, quien estima en 1,086,148.24 dólares el valor de radio Darío y otras dos emisoras que le confiscaron en León. El edificio del diario La Prensa, confiscado en 2022, tiene un valor superior a los 20 millones de dólares.
Las confiscaciones ilegales son otra forma de los Ortega Murillo de reprimir, indica el estudio, y así lo hicieron con los 222 excarcelados políticos que fueron desterrados a Washington, así como con las 94 personas que desnacionalizadas posteriormente. Entre los casos están el del exmagistrado Rafael Solís y algunos miembros de la familia Chamorro.
No se escapan ni las sedes diplomáticas, pues fueron confiscadas la embajada de Taiwán y la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).