La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tendría lista una sentencia en contra de la concesión canalera otorgada al chino Wang Jing, en la demanda interpuesta por los pueblos Rama y Kriol, pero no se sabrá su contenido hasta probablemente mediados de 2024, informó en un comunicado el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi).
Una de las solicitudes de los quejosos era que se derogara la ley 840 de Nicaragua, mediante la cual la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo concedía una concesión canalera a Wang Jing, pero la misma fue derogada por los dictadores este 8 de mayo.
Entre el 2012 y 2013, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo creó las leyes 800 y 840, la primera para crear la Autoridad del Gran Canal y la segunda para otorgar la concesión del proyecto canalero al chino Wing Jing, pero ninguna de ellas fue consultadas con los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe nicaragüense.
Por el contrario, la dictadura cooptó al presidente del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) y, sin obtener el consentimiento de la población, lo hizo firmar un supuesto convenio mediante el cual, de manera ilegal, le otorgó el arrendamiento perpetuo sobre 263 kilómetros cuadrados de tierra «en el corazón de su territorio ancestral», dice el documento de Calpi.
Además, los dictadores nicaragüenses impulsaron un gobierno paralelo al legalmente constituido por los indígenas, abortó el proceso de titulación de su territorio tradicional y destituyó ilegalmente a su representante en la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI). Igualmente, entregó al gobierno paralelo un título de solo siete por ciento de la tierra reclamada, dejando fuera al 93 por ciento de su tierra tradicional para beneficiar el megaproyecto canalero de Wang Jing.
Las autoridades indígenas y afrodescendientes recurrieron ante la Corte IDH, después de que buscaron dirimir la situación en los tribunales nicaragüenses, pero no hubo respuesta. Entre 2013 y 2020, los afectados presentaron 19 recursos de amparo por las violaciones a sus derechos humanos fundamentales y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no resolvió ninguno.
Los pueblos indígenas y afrodescendientes se quejaron ante la Corte IDH de que la dictadura Ortega Murillo les violentó la autodeterminación al imponer gobiernos o autoridades paralelas a las legítimamente electas. También, no obtuvo el consentimiento de la población en la elaboración del convenio sobre los 263 kilómetros cuadrados de tierra.
Tampoco sanearon los territorios rama y kriol titulados desde el año 2009, los cuales continúan invadidos por colonos, lo cual repercute en que se deteriore el medio ambiente y se eliminen los recursos naturales en estos sitios, especialmente en la reserva biológica Indio-Maíz.
Finalmente, los demandantes se quejaron porque la dictadura ha criminalizado a las autoridades y dirigente indígenas y afrodescendientes solo porque han defendido sus tierras comunales tradicionales, esenciales para preservar su subsistencia como pueblos, explica el escrito de Calpi.