El dictador Daniel Ortega, la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo y otros altos funcionarios del Estado deberían ser investigados judicialmente como presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, concluyó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU en un nuevo informe presentado este jueves en Ginebra, Suiza, tras concluir el segundo año de investigación.
“El presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y los altos funcionarios del Estado identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos descritos y discutidos en el presente informe y en el primer informe del Grupo. Nicaragua también debe responder por su posible responsabilidad estatal”, indica el Grupo.
En esta segunda parte de la investigación, el informe abarca las violaciones de derechos humanos cometidos desde marzo de 2023.
“El Grupo tiene motivos razonables para creer que, durante el período que abarca el informe, se han perpetrado en Nicaragua los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento y deportación”, afirman.
Esos crímenes, explican, se perpetraron en el contexto de una política discriminatoria para perseguir y silenciar sistemáticamente a opositores reales o supuestos, aplicada intencionalmente desde los más altos niveles del Gobierno, “lo que constituye prima facie el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos”.
También hay responsabilidad del Estado e instituciones como el Consejo Nacional de Universidades, al mando de Ramona Rodríguez, aunque a ella no se le identifica directamente.
Anteriormente, el Grupo de Expertos de la ONU había concluido que, desde abril de 2018, diversos agentes estatales y no estatales, siguiendo órdenes de Ortega y Murillo, perpetraron graves violaciones y abusos de los derechos humanos contra parte de la población nicaragüense en razón de su identidad política. Se determinó que estas violaciones y abusos eran compatibles, prima facie, con los elementos que constituyen la prohibición internacional y la definición de crímenes de lesa humanidad del derecho penal internacional.
Desde la presentación de su primer informe, el Grupo ha constatado en la
perpetuación de la persecución cada vez más generalizada de cualquier voz disidente en el país, con una centralización total de los poderes del Estado en manos de Ortega y Murillo, en particular en lo que se refiere al poder judicial. «Esto se ha traducido en una total impunidad, que incluso se ha extendido de facto más allá del territorio nicaragüense», destacan.
El Grupo concluye que la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha
deteriorado hasta tal punto que se necesitarán muchos años -y recursos- para establecer una situación regida por el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.