La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó este miércoles una resolución de medidas urgentes en la que ordena a Nicaragua liberar de inmediato a los líderes políticos indígenas de oposición Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Elizabeth Henríquez James.
La CorteIDH requirió a la dictadura de Daniel Ortega que «proceda a la liberación inmediata de Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Elizabeth Henríquez» y que «adopte las medidas necesarias que permitan que los beneficiarios puedan continuar ejerciendo sus derechos políticos como diputados regionales indígenas, principal y suplente, según corresponda, de la Asamblea Nacional de Nicaragua».
El tribunal continental también ordenó a Nicaragua que informe de manera oficial el lugar y las condiciones de detención de estas dos personas y que les permita el contacto con sus familiares y representantes legales.
«La Presidencia (de la CorteIDH) constata que estos hechos se enmarcan y se ajustan al referido contexto de persecución, detenciones y procesos judiciales llevados a cabo contra personas que tienen una posición crítica hacia el Gobierno» de Daniel Ortega, indica la resolución.
Brooklin Rivera es indígena miskitu, diputado regional de la Asamblea Nacional de Nicaragua y máximo líder de la organización y partido político Yatama, de la Costa Caribe nicaragüense.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó a la CorteIDH que los agentes de la Policía Nacional no presentaron orden de allanamiento ni orden de detención, y que Rivera fue golpeado, esposado y arrestado y, hasta la fecha, se desconoce su paradero.
Por su parte, Nancy Henríquez, también indígena miskitu, es la diputada suplente de Rivera, presidenta del partido Yatama y su paradero se desconoce desde el 11 de octubre de 2023 cuando fue detenida sin que la Policía Nacional informara de las razones ni de su ubicación.
Aparentemente, Henríquez se encuentra en una cárcel para mujeres, en una celda aislada y en precarias condiciones.
En la resolución publicada este miércoles, la CorteIDH también concedió medidas de protección para las familias de ambas víctimas, pues han denunciado ante la CIDH amenazas y algunos se vieron obligados a exiliarse.
Según informó la CIDH a la CorteIDH, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez “fueron despojados arbitraria e ilegalmente de su escaño parlamentario» y el Consejo Supremo Electoral canceló la personería jurídica de Yatama, luego de que formara parte de una coalición política de oposición a la dictadura de Ortega.
Este caso se enmarca en la crisis que desde 2018 vive Nicaragua a raíz de las protestas en contra del régimen de Daniel Ortega, quien respondió con represión, con la detención de opositores, activistas, periodistas, el cierre de medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, entre otras violaciones a los derechos humanos denunciadas por diversas organizaciones, organismos internacionales y países.
En los últimos años la CorteIDH ha emitido numerosas resoluciones en favor de las personas consideradas ‘presos políticos’ en Nicaragua y ha señalado la existencia de un contexto de persecución a los opositores al Gobierno.