Las cosas se complican para el Gobierno ultraliberal y conservador de Javier Milei. Después de que la justicia derogara la reforma laboral que incluía el megadecreto de necesidad y urgencia lanzado en diciembre, el Congreso tumbó este 7 de febrero la llamada Ley Ómnibus, con la que el líder de La Libertad Avanza pretendía conseguir poderes extraordinarios para llevar a cabo su proyecto de privatizaciones, recorte del Estado y desregulación de la economía.
Tras más de dos meses de negociaciones con la oposición “light” o “amigable”, según la jerga de la prensa argentina, en las que el proyecto legislativo fue perdiendo capítulos enteros y muchas de sus principales medidas, la Ley Ómnibus recibió una primera validación por parte del Congreso el pasado 2 de febrero. Una aprobación del proyecto “en general” que reducía la delegación de poderes a solo un año, limitaba los aspectos en los que Milei podría gobernar sin permiso del Congreso y recortaba de 41 a 30 las empresas públicas que podría privatizar. Entre las empresas que se caían de la lista de privatizables estaba la joya de la corona, la petrolera estatal YPF, que explota el gran yacimiento de Vaca Muerta en la Patagonia.
El debate en particular, es decir, artículo por artículo, acabó con las ilusiones de aprobar siquiera lo que quedaba de la Ley Ómnibus. La rebelión de los gobernadores y de parte de la oposición amigable hicieron que los artículos fueran cayendo uno a uno y que la ley con la que Milei quería gobernar sin control parlamentario fuera enterrada. Al menos por ahora.
Sin la aprobación de esta ley y con apenas un puñado de escaños en el Congreso y el Senado, Milei no tiene margen para llevar adelante ninguno de sus grandes planes para Argentina
La rabia del presidente, que estaba de visita en Israel cuando recibió la noticia, no se hizo esperar y llamó “traidores” a los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, las dos provincias más pobladas después de Buenos Aires. “La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas”, declaró Milei, quién aprovechó el viaje para anunciar el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén.
Sin la aprobación de esta ley y con apenas un puñado de escaños en el Congreso y el Senado, Milei no tiene margen para llevar adelante ninguno de sus grandes planes para Argentina: la dolarización, las privatizaciones y el recorte del Estado a su mínima expresión. Sin embargo, el Gobierno ya ha anunciado su intención de desarrollar parte de los artículos de la ley tumbada a través de decretos de urgencia y necesidad —que deben ser validados a posteriori por el Congreso— o incluso a través de una consulta popular.
Lo que tiene claro el Gobierno es que intentará prescindir del Congreso para sacar adelante las medidas que incluía la difunta Ley Ómnibus, que será retirada por el ejecutivo. El propio Milei afirmó que no le interesa “que se siga tratando” el proyecto en el Parlamento.
La Libertad Avanza y contraataca
Diputados del partido de Milei anunciaron la negativa a presentar más proyectos legislativos en 2024. Sin embargo, un día antes de la derrota en el Congreso, era registrada una ley para derogar el derecho al aborto, una conquista del movimiento feminista en 2020 que consiguió torcer la mano al oficialismo peronista, que nunca había querido abordar la cuestión. “Si soplan fuerte, levantarán olas. Sabemos ser marea. Ni un paso atrás. Es Ley”, respondían desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
El proyecto de ley no solo pretende derogar el derecho al aborto recogido en la ley, sino también modificar el Código Penal para permitir la interrupción voluntaria del embarazo cuando haya un “peligro inminente” para la vida de la gestante, prohibiendo el aborto en casos de violación. Además, el proyecto aumenta las penas de prisión para las mujeres que aborten y también para los profesionales que lo realicen. El proyecto también deroga las penas vigentes para los funcionarios que obstaculicen estas prácticas, según el diario argentino Página 12.