El dictador Daniel Ortega, a través de la Asamblea Nacional, revive al Ministerio del Interior, un órgano del Estado de la década de los 80, con el que recetará más represión y cárcel para quienes se opongan a la familia dictatorial, según opositores.
El anuncio fue hecho por Ortega la noche de este miércoles, 27 de diciembre, durante el acto del 49 aniversario del «Asalto a la casa de Chema Castillo«. Para ello, mandó a sus diputados a aprobar una iniciativa de ley con la que desaparece el Ministerio de Gobernación.
A partir de ahora, la Policía Nacional, cuerpo armado subordinado al dictador nicaragüense, se integrará nuevamente al Ministerio del Interior.
En la denominada «Ley que establece las funciones y estructura del Ministerio del Interior» se establece que el Ministerio del Interior será «el órgano del Estado al que le corresponde implementar, mantener y ejecutar las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, del Estado y el orden interno en el territorio nacional».
Entre las funciones se lee: «prevenir, neutralizar y terminar con cualquier actividad encaminada a destruir o menoscabar el orden constitucional y la institucionalidad del país, establecidos por la revolución».
Este ministerio también se encargará de hacer cumplir las leyes represivas de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y de Agentes Extranjeros, con las que el régimen ha decapitado a más de tres mil oenegés.
El Ministerio del Interior también tiene la facultad de organizar delegaciones departamentales que tendrán la función de «coordinar la actuación de las dependencias del ministerio en el territorio».
En correspondencia, el MINT también estará integrado por la Dirección de Migración y Extranjería, Sistema Penitenciario Nacional, Dirección General de Bomberos de Nicaragua y Dirección General Administrativa.
La iniciativa de ley fue presentada ante el Plenario este jueves, 28 de diciembre, y aprobada por todos los diputados oficialistas. Previo a este anteproyecto, la Asamblea aprobó, el 22 de diciembre, una ley para que Gobernación y sus direcciones formen parte de la Policía Nacional.
Para Ortega se trata de un «paso histórico» que «cambia la correlación de fuerzas» ante los que considera sus «enemigos», en referencia a la oposición.
Según el relato de Ortega, a través del antiguo Ministerio del Interior y el Ejército se logró derrotar la Contrarrevolución «armada, financiada y entrenada por Estados Unidos» en la década de los ochenta.
Sin embargo, el órgano fue reestructurado en 1990 cuando Ortega perdió la silla presidencial. Este paso dado en democracia significó para Ortega una búsqueda por «destruirlos, desgastarlos y debilitarlos» en el Ejército y la Policía.
Al Ministerio del Interior «lo quisieron convertir en un instrumento burocrático (…) y al frente pusieron unos enemigos de la revolución (…) Gobernación sometía a la Policía», dijo el caudillo sandinista.
«El paso que estamos dando hoy de volver a la vida al Ministerio del Interior es un paso que nos da una fortaleza enorme y volvemos a contar con los dos grandes instrumentos con los que derrotamos a la Contrarrevolución: El Ejército y el Ministerio del Interior», agregó.
El dictador reiteró que, ahora, la Policía y demás direcciones de Gobernación estarán juntas «en mejores condiciones de cumplir las tareas que no le permitan al enemigo a avanzar en sus planes porque ellos siempre están conspirando».
Regulará orden interno
Según publicó el oficialista El 19 Digital, la ley tiene 12 artículos y entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
En esa ley se determina que el Ministerio del Interior será “el órgano del Estado al que le corresponde implementar, mantener y ejecutar las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, del Estado y el orden interno en el territorio nacional”.
Entre las funciones se lee: “prevenir, neutralizar y terminar con cualquier actividad encaminada a destruir o menoscabar el orden constitucional y la institucionalidad del país, establecidos por la revolución”.
Este ministerio se encargará de hacer cumplir las leyes represivas de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y de Agentes Extranjeros, con las que el régimen ha decapitado a más de tres mil oenegés.
Además, tiene la facultad de organizar delegaciones departamentales que tendrán la función de “coordinar la actuación de las dependencias del ministerio en el territorio”.