La relatora de la ONU para la libertad de expresión, Irene Khan, y su homóloga para la libertad religiosa, Nazila Ghanea, lanzaron esta petición en un comunicado, después de que el pasado 18 de octubre fueran liberados otros 12 sacerdotes católicos en Nicaragua.
Expresaron una profunda preocupación sobre la situación del obispo, quien se encuentra en régimen de aislamiento y en condiciones que según ellas contravienen gravemente las Reglas Nelson Mandela (fijadas por la ONU y que establecen unos principios mínimos para el tratamiento digno de los prisioneros).
Las relatoras recordaron que Álvarez se destacó desde los Diálogos Nacionales de 2018 por «sus llamamientos por la liberación de los presos políticos y a la pacificación y reconciliación entre los nicaragüenses».
Las relatoras también manifestaron su preocupación por «los patrones sistemáticos de hostigamiento contra miembros de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas por parte de las autoridades nicaragüenses».
Recordaron en ese sentido que desde 2022 las autoridades nicaragüenses han cancelado la personalidad jurídica de al menos 1.000 organizaciones, de las que más de 320 serían de carácter religioso.
Además, el Gobierno de Daniel Ortega ha cancelado la personalidad jurídica de cuatro universidades ligadas a entidades religiosas, entre ellas la histórica Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por la orden católica de la Sociedad de Jesús, cuyas instalaciones fueron confiscadas.